Sala de prensa

Los correos entre letrados pueden ser aportados por estos en un procedimiento judicial en favor de su representado, sin autorización del otro abogado, porque el secreto profesional de los mismos​​, que se estaría vulnerando, no es un derecho fundamental y por lo tanto no hay restricción legal alguna para inadmitirlos, sin perjuicio de la responsabilidad del abogado contrario por incumplir las normas deontológicas del Colegio de la Abogacía. Tribunal Superior de Justicia de Madrid – 26/5/23

El salario mínimo anual en España aumenta un 5% (+ 756 euros) y asciende a 15.876 euros, con efectos de 1 de enero de 2024.

Primera sentencia en España que aplica la sentencia del TJUE 18/01/24. Se declara NULA la extinción del contrato de trabajo de un encargado de mantenimiento que fue declarado afecto a una incapacidad permanente total (IPT) – por dolores torácicos - cuya empresa procedió a darle de baja en la Seguridad Social por este motivo, de conformidad con la normativa española. Esta extinción equivale a un despido nulo por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación porque la IPT se define legalmente como una discapacidad y la empresa no puede extinguir el contrato por este motivo sin intentar antes realizar ajustes razonables a su puesto de trabajo o bien recolocarle en otro que sea compatible con la IPT. La readmisión debe ser en un puesto compatible con la IPT, para que el trabajador pueda seguir percibiendo la prestación de Seguridad Social por IPT (unos 1.2178 euros/mes en este caso). Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo - 19/01/24

Desde el 21 de diciembre de 2023, las personas trabajadoras tendrán derecho a acumular en días completos el permiso para el cuidado del lactante (equivalente a 1 hora de ausencia diaria hasta que el menor cumpla 9 meses), sin que sea necesario ya que el convenio colectivo lo prevea o que la empresa lo autorice. Asimismo, los convenios colectivos o acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico tendrán prioridad aplicativa respecto de cualquier otro de ámbito estatal, siempre y cuando sean más favorables para las personas trabajadoras; además, los convenios colectivos y/o acuerdos estatales no podrán prever que el convenio/acuerdo autonómico regule las materias establecidas en el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores (periodo de prueba, clasificación profesional, etc.).